Abogado penalista especializado en delitos tecnológicos y prueba digital. Defensa técnica desde la primera hora, con discreción total y la presunción de inocencia como punto de partida. Atención especial a la exposición reputacional de profesionales.
Respuesta en menos de 1 hora en horario de disponibilidad. Asistencia urgente 24 h para detenciones y registros.
Pablo Mayor · Colegiado n.º 73804 ICAM · Consulta con precio cerrado: 80 € + IVA
En este tipo de procedimientos, la reputación del investigado está en juego desde el primer día. Por eso el despacho aplica un protocolo de confidencialidad en tres niveles.
Todo lo que comparta con el abogado está amparado por el secreto profesional de la Abogacía desde el primer contacto, con deber de lealtad y diligencia. Es la base legal que protege su consulta.
Art. 542.3 LOPJ · Código Deontológico de la AbogacíaAdemás del secreto profesional, formalizamos un acuerdo de confidencialidad firmado por el despacho antes de la consulta. Añade una capa contractual autónoma: su información queda protegida también por contrato, contrate o no.
Compromiso contractual adicional y voluntarioCanales de comunicación cifrados, consulta con seudónimo si lo desea y tratamiento de datos limitado a la finalidad estricta de su defensa.
RGPD · LOPDGDDCada tipo de imputación exige una estrategia técnica distinta. Estas son las áreas en las que el despacho concentra su práctica.
Defensa por posesión, almacenamiento o acceso a material del art. 189 CP, incluidas descargas accidentales, carpetas compartidas P2P y sincronizaciones en la nube. La diferencia entre dolo y desconocimiento es la clave de la defensa.
/abogado-posesion-pornografia-infantil-189-cp/ Consultar este supuesto →Imputaciones por presunta producción, elaboración o distribución de material del art. 189 CP. La presunción de inocencia exige prueba técnica sólida: autoría real del archivo, metadatos, dispositivos de origen y pericial contradictoria.
/abogado-produccion-distribucion-189-cp/ Consultar este supuesto →Supuestos contactos digitales con personas de edad desconocida y conversaciones interpretadas erróneamente en contextos online o de mensajería. Análisis del contexto real de la comunicación y de la prueba digital.
/abogado-defensa-articulo-183-codigo-penal/ Consultar este supuesto →Defensa en causas iniciadas por una notitia criminis de origen extraterritorial. Se examina la trazabilidad de la alerta, la ausencia de control judicial español en su obtención y la validez de la prueba derivada.
/defensa-informe-ncmec-europol-espana/ Consultar este supuesto →Si ya cuenta con abogado pero necesita una defensa con verdadero dominio de la prueba digital, asumimos la dirección técnica del asunto o actuamos en co-dirección con su letrado actual, sin fricciones.
/segunda-opinion-defensa-penal-digital/ Solicitar segunda opinión →Funcionarios, personal sanitario, docentes y otros perfiles para quienes una investigación —aun archivada— compromete su carrera. Defensa penal y control de la exposición pública, en paralelo.
/defensa-profesionales-exposicion-reputacional/ Consultar mi caso →Una gran parte de las acusaciones en delitos informáticos se apoya en prueba digital que no ha sido correctamente obtenida, autenticada o custodiada. La defensa examina cada eslabón técnico del expediente.
Bajo el nombre «Chat Control» conviven dos textos distintos que conviene no confundir. Su estado condiciona qué puede y qué no puede hacer una plataforma con sus comunicaciones —y cómo puede llegar una investigación penal a su puerta.
La derogación temporal del ePrivacy (Reg. UE 2021/1232) fue reinstaurada por el Parlamento Europeo el 9 de julio de 2026 y se extiende hasta abril de 2028.
El Reglamento permanente (CSAR), con órdenes de detección y posible escaneo en el propio dispositivo, sigue en negociación (trílogo) sin acuerdo.
Aun con un escaneo voluntario y limitado a material conocido, una alerta automatizada o un informe de plataforma (NCMEC, Europol) puede originar una investigación penal por el art. 189 CP. Esas alertas no son infalibles, y su fiabilidad, origen y legalidad pueden impugnarse:
Toda persona investigada goza de la presunción de inocencia. Una alerta automatizada no es una condena: es una prueba que puede y debe examinarse. Este marco normativo está en evolución; la información se actualiza conforme cambie. Leer el análisis completo →
Si llama por teléfono, puede hablar de inmediato: ya está amparado por el secreto profesional. Si prefiere el formulario o WhatsApp, recibirá automáticamente el acuerdo de confidencialidad para firma digital antes de entrar en detalles del caso.
El despacho recoge los datos esenciales de su situación —fase del procedimiento, plazos, actuaciones practicadas— y valora la urgencia de la intervención.
Consulta con abogado especializado en derecho penal digital y art. 189 CP, formalizada mediante hoja de encargo: 80 € + IVA (96,80 €). Sin facturación por horas en esta fase.
Revisión de autos, diligencias, informe policial técnico, origen de la alerta (NCMEC, detección automatizada) y cadena de custodia, en busca de nulidades y vicios probatorios.
Definición de la línea de defensa: declaración preparada, cuestiones previas, escrito de defensa, pericial contradictoria si procede. Presupuesto cerrado por fases antes de continuar.
Creemos que la transparencia en los honorarios forma parte de la confianza. Este es el criterio del despacho.
Precio cerrado (96,80 € en total), formalizado mediante hoja de encargo. Análisis de su situación y orientación sobre los siguientes pasos.
Análisis del expediente, escrito de defensa y vista se presupuestan por separado, por escrito y por fases, antes de continuar. Sin facturación por horas no anticipada.
Cuando el caso requiere pericial informática independiente, se presupuesta desde el primer encargo, con indicación previa de su coste.
Defender a una persona investigada por los artículos 189 o 183 CP exige dos cosas a la vez: dominar el proceso penal y entender de verdad la tecnología. Este despacho se ha construido sobre esa doble competencia, y dirige la pericia informática con peritos forenses independientes.
La diferencia entre la derogación voluntaria vigente y el Reglamento permanente aún en negociación, y qué derechos asisten a quien recibe una investigación derivada de una alerta automatizada.
Derechos del investigado, acceso al expediente, preparación de la declaración y errores frecuentes que comprometen la defensa desde el primer día.
Precinto, desprecinto, clonado y volcado forense: los eslabones técnicos cuya ruptura puede determinar la nulidad de la prueba.
Rellene el formulario con los datos mínimos que desee compartir. Puede usar un seudónimo. Si su situación es urgente, lo más rápido es llamar: al teléfono ya está amparado por el secreto profesional.